30/4/11

Relator ONU recordó a Costa Rica derecho a consulta de pueblos indígenas

Fuente: elpais.cr | 28/04/2011
San José (elpais.cr) - En su última actividad oficial en el país, el Relato de Naciones Unidas para asuntos indígenas, James Anaya, declinó adelantar criterios de su investigación en Costa Rica sobre la falta de consulta al pueblo Térraba para construir el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís.
Al finalizar un foro este miércoles, organizado por las universidades Estatal a Distancia (UNED), y de Costa Rica (UCR), Anaya se sintió obligado a leer el Art. 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 2007, que reza textualmente:
"Artículo 19: Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado".
En el cierre de su visita a Costa Rica, y ante un auditorio en el que no cabía más público, y escaleras y costados abarrotados de un numeroso y entusiasta público, se realizó el Foro convocado por la UCR y la UNED.
El Foro fue dedicado a discutir sobre los procesos de consulta y autonomía indígena, con énfasis en el caso del proyecto hidroeléctrico El Diquís.
Dicho proyecto es impulsado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), sin observar el cumplimiento de los derechos indígenas de los pueblos que serán inundados, aseguró la organización Mesa Nacional Indígena de Costa Rica.
El foro se celebró con ocasión de la visita al país del Dr: James Anaya, Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

Anaya visitó oficialmente al país, del 24 al 27 de abril con el fin de investigar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, en especial en relación con El Diquís, la tenencia ilegal de tierras en territorios indígenas y la no aprobación del proyecto de Ley Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, que tiene 17 año en archivos legislativos.
En el foro, además de Anaya participaron los representantes indígenas Hugo Lázaro Estrada, de la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR) y la señora Isabel Rivera Navas, por el Territorio de Térraba; y el señor Franklin Ávila, Director del Proyecto Hidroeléctrico Diquís, del ICE.
Durante las respuestas, el representante del ICE, Ing. Ávila, fue incapaz de responder qué pasaría si la consulta con los indígenas arroja resultados distintos a la continuación del proyecto.
De igual manera, pese a la insistencia de varias preguntas del público, declinó precisar si el ICE consideraría el resultado de la consulta como vinculante o no.
Por su parte, la asesora del legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Claudio Monge, Paola Vega, enseño una carta de respuesta del mismo funcionario Ávila al despacho de Monge en el que se contradecía con lo que había expuesto en su intervención durante el foro sobre la necesidad de la consulta a los pueblos indígenas.
Por su parte, un antropólogo despedido por el ICE en razón de sus observaciones a la necesidad de consultar a los indígenas, denunció el doble discurso de funcionarios del ICE y distribuyó un e-mail de Ávila otrora su jefe, negando la necesidad de realizar consulta a las poblaciones indígenas.
Entre el público participaron representantes de entidades indígenas, estudiantes, académicos, numerosos periodistas, así como miembros de ONG ecologistas, y asesores legislativos de varias bancadas, y funcionarios de la Sala IV, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y de la Procuraduría General de la República (PGR).
El Relator finalizó este miércoles 27 de abril su gira de tres días a Costa Rica en atención a la solicitud del Gobierno para observar la situación de los derechos de los pueblos indígenas y conocer el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED) y su eventual afectación a esas comunidades, debido a denuncias y presiones de las organizaciones autóctonas.
Este miércoñes, Anaya fue recibido por el vicepresidente, Alfio Piva; el vicecanciller Carlos Roverssi y autoridades del ICE.
Un boletín de prensa del Gobierno aseguró que "Costa Rica mantiene interés en recibir asesoría de Anaya en procura de un abordaje más efectivo a los desafíos que tiene el país en materia de protección y respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Además se espera contar con su asesoría en la implementación de procesos de consulta a pueblos indígenas, y el desarrollo de mejores prácticas en el respeto de sus derechos".
Anaya también participó en encuentros con miembros de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), diputados, autoridades de la Defensoría de los Habitantes, del Poder Judicial y del Sistema de Naciones Unidas.
En Buenos Aires de Puntarenas y Térraba, centros neurálgicos del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, Anaya fue recibido por grupos indígenas de diferentes partes del país, para conocer las preocupaciones por la construcción de la presa hidroeléctrica y su efecto en los derechos humanos de las comunidades indígenas del área. También recorrió y se reunió con el equipo técnico del Proyecto El Diquís.
Anaya también mostró interés en el proyecto de Ley sobre Desarrollo Autónomo Indígena y la recuperación de tierras de los indígenas.

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24/4/11

El Diquís depende de generosidad del Estado con la Zona Sur

MERCEDES AGUERO R. maguero@nacion.com 23/04/2011

Pobladores piden hospital, carreteras y empleos a cambio de dar apoyo al proyecto
Represa obligará a reasentar diez pueblos e inundará territorios indígenas

El futuro de la megaplanta hidroeléctrica que el ICE pretende construir en la cuenca del río Térraba dependerá de la generosidad del Estado costarricense con los pobladores de la zona sur.
El Diquís, la obra constructiva más grande en la historia del país y con 650 megavatios de capacidad instalada, es clave para garantizar el suministro eléctrico a partir de noviembre del 2018.
Su construcción cambiará para siempre la vida de los habitantes de 10 comunidades que deberán ser reasentadas, parcial o totalmente, en otros sitios.
También impactará territorios indígenas, bosques, humedales, ríos, flora, fauna y sitios de gran riqueza arqueológica.
Para los pobladores de la zona, hay daños irreparables, pero hay otros que sí podrán ser compensados por el ICE y el Estado, a cambio del apoyo.
En esta especie de trueque, los vecinos piden que se les construya un hospital, carreteras, puentes, acueductos, centros de estudio y la recuperación de territorios indígenas, así como nuevas fuentes de trabajo.
La mayoría de estas peticiones se hicieron reiteradamente y desde hace años, pero a la fecha no hay respuesta gubernamental.
Si el ICE y el Estado atienden las demandas, el camino para desarrollar El Diquís se allana. En caso contrario, irá cuesta arriba.


El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) reservará una parte del costo total del proyecto, estimado en $2.072 millones, para obras y programas de mitigación y compensación debido al fuerte impacto social, cultural y ambiental que tendrá.
No obstante, el gerente de Energía del ICE, Gravin Mayorga, reconoce que las demandas de los pobladores van más allá de lo que la institución puede atender. Requiere la participación activa del Estado y sus instituciones, dijo.
En criterio de Mayorga esto hace que El Diquís deba verse como un proyecto-país y no solo del ICE. Para atender este tema, el Gobierno conformó una comisión que integran 15 instituciones públicas.
El comité es coordinado por el primer vicepresidente, Alfio Piva, quien a principios de mes visitó la región y se comprometió a prestar atención a las demandas comunales. Lo que aún no ha definido es cuál será la fuente de financiamiento para concretar los planes.
Carencias. Las obras de mayor impacto de El Diquís estarán situadas en Buenos Aires, uno de los 10 cantones más pobres del país.
El índice de desarrollo humano, que mide el acceso a servicios como salud, educación y vivienda, lo ubicó en el 2004 en el puesto 76 en el ranking de los 81 cantones.
La economía del cantón gira alrededor de la agricultura, producción de granos básicos, ganadería y el cultivo de piña.
De ahí que la construcción de la represa también sea vista como una oportunidad. “Pero debemos sentarnos a negociar”, sentencia el alcalde local, Carlos Luis Mora.
La construcción de un hospital acorde con las necesidades de sus 47.500 habitantes, encabeza la lista de peticiones del ayuntamiento.
Hoy, el cantón solo cuenta con una clínica de atención básica.
A esto se suman otras necesidades urgentes como la construcción de un acueducto para el distrito central, una planta de tratamiento de aguas negras, edificación de puentes y rehabilitación de la red de caminos.

‘Tenemos que negociar primero’
Carlos Luis Mora
Alcalde de Buenos Aires de Puntarenas

¿Ustedes apoyan la construcción de la planta El Diquís?
Sí estamos de acuerdo. S í vamos a apoyar, siempre y cuando nos sentemos en la mesa de negociación para que el pueblo y los gobiernos locales de los cantones afectados podamos defender los puntos que consideramos fundamentales. En Buenos Aires, empezamos con la construcción del hospital.

¿Es decir, se trata de un apoyo condicionado?
Sí, porque nosotros creemos que esas cosas debemos negociarlas antes de que el proyecto empiece. Uno sabe que cuando un proyecto arrancó y se construyó ya es tarde para empezar a negociar.

¿Cómo lo van a hacer?
Vamos a proponerle al Consejo de Gobierno que vengan, pero que ellos sean quienes nos escuchen (ya vinieron y nosotros los escuchamos) y ojalá establecer un documento o un convenio de compromiso con firmas de responsables.
”Pretendemos que, por vía decreto o de alguna ley, quede un impuesto a partir de que el proyecto empiece a producir la energía. Esto es porque ellos (el ICE) construyen, pero luego se van y quién le va a dar mantenimiento a nuestros caminos y a mitigar el impacto que la hidroeléctrica nos va a provocar. Porque nuestras costumbres, modo de vida y cultura en sí van a tener un cambio bastante brusco”.

Este proyecto también impacta a Osa y San Isidro de El General. ¿Cuál es la relación con esos ayuntamientos?
Hemos hablado de que debemos unirnos para hacer peticiones conjuntas, incluso, a nivel de los seis cantones que integran la cuenca del Térraba.
“Estamos claros que Buenos Aires es el cantón más impactado y tiene sus necesidades particulares, pero vamos unidos”.

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17/4/11

Indígenas demandan cumplimiento de promesas a Laura Chinchilla

gimena.alfaro@nacion.com FECHA 16/04/2011
La visita de la presidenta a Talamanca ocasionó malestar en los pobladores
Vecinos del cantón reclamaron títulos de tierras ‘invadidas por extranjeros’
Presidenta anuncia que cada estudiante del cantón tendrá una computadora
Limón. Un grupo de 70 indígenas del cantón de Talamanca, Limón, demandó ayer el cumplimiento de planes de gobierno y mencionó las prioridades que, a su criterio, la presidenta Laura Chinchilla debe concretar en hechos.
Así lo manifestaron los pobladores indígenas durante la visita de Chinchilla a la comunidad Bríbri como parte de su gira a la provincia caribeña, que concluyó ayer.
La actividad protocolaria se cumplió con la puesta en marcha de un concejo municipal extraordinario en la dirección regional del Instituto Nacional de Aprendizaje.
A diferencia de su llegada a otros pueblos limonenses, en esta ocasión la gobernante fue recibida con cordiales aplausos, más no efusivos saludos, y se mostró más seria de lo habitual en su discurso.
Las peticiones a la gobernante dominaron la sesión; ella respondió a esos pedidos con anuncios de pronta ejecución de proyectos sociales, de infraestructura, agricultura, educación y salud a corto y mediano plazos.
Sin embargo, para los indígenas todo ello no fue suficiente y así lo dejaron saber con la manifestación que reunió a vecinos de la comunidades Bríbri y Kekoldi, quienes reclamaron tierras de su propiedad “invadidas por extranjeros”.
“Muchas veces nos sentimos abandonados por el Estado. En el país hay muchas leyes, pero nadie las pone a funcionar cuando es a favor de nosotros”, dijo Justa Romero, representante indígena.


Sus reclamos se acentuaron cuando la Mandataria se retiró del lugar sin atenderlos.
“Ella (Chinchilla) no tuvo el sentir de los que estamos, y lo vemos en carne propia. Venimos con pancartas, pero en nuestro propio cantón no se nos escucha y no se nos da espacio para expresar el sentir indígena. Su visita nos deja un sinsabor”, manifestó Romero.
Prioridades. Durante la sesión del concejo municipal se definieron las prioridades de una lista conformada por 15 proyectos, los cuales asumirá el Gobierno para mejorar las condiciones de Talamanca.
Por ejemplo, en corto tiempo se construirá un puente que comunicará a los poblados de Suretka y Amubri, y se dragará el río Sixaola para evitar inundaciones.
La lista de obras la siguen la edificación de una fábrica de productos de cemento y la construcción del Colegio de Shiroles.
Además, Chinchilla manifestó en su discurso que los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), cerca de $170 millones, servirán para brindar avances tecnológicos a los cantones más pobres, incluidos Talamanca.
Con ello, según la Presidenta, se pretende disminuir la brecha digital que amenaza al poblado.
“Vamos a comprometernos con un programa de computadoras por cada niño, y este será uno de los primeros cantones que tendrá esas máquinas con acceso a Internet”, aseguró Chinchilla.

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10/4/11

ONU alerta a país por usar tierra indígena para represa

IRENE VIZCAÍNO ivizcaino@nacion.com 03/04/2011

PIDE CUENTAS POR PROYECTO EL DIQUÍS
Advierte que debe consultar plan y dar participación a comunidades
Cancillería responde que proyecto del ICE está aún en estudio

La preocupación de la comunidad indígena de Térraba por la intención del ICE de usar sus territorios para una planta hidroeléctrica tuvo eco en la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Así se desprende de una advertencia que le hizo al país el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, mediante una nota de agosto del 2010, y que Costa Rica respondió el 28 de enero, tres días antes de que se venciera el plazo.
En la misiva, el Comité le recuerda al país obligaciones de consulta y participación a los pueblos indígenas que se podrían ver afectados con la construcción del proyecto hidroeléctrico El Diquís.

Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, no se trató de una “llamada de atención”, sino de un procedimiento de “alerta temprana”, según la respuesta enviada el viernes ante consultas de este diario.
El Diquís es la planta que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pretende construir en Buenos Aires de Puntarenas, por un valor de $2.072 millones y con una capacidad instalada de 630 megavatios (MW).
Para hacerlo, sin embargo, requiere de 7.000 hectáreas, 900 de las cuales están en reserva indígena.
Dichos territorios son “inalienables” como lo señala la ley indígena y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
“El Comité, por lo tanto, pide que el Estado parte proporcione información sobre las medidas tomadas para asegurar la participación eficaz del pueblo Térraba y de otros pueblos indígenas cuya toma de decisiones referente a todos los aspectos y etapas del plan de la presa de Diquís ha sido afectada, y para obtener su consentimiento libre, previo e informado con respecto a ese proyecto”, dice la misiva.
De acuerdo con la oficina de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, el ICE fue el responsable de elaborar el informe.
“Se hizo énfasis en que el proyecto hidroeléctrico solo está en fase de estudio de impacto socioambiental, y que aún no se ha iniciado el desarrollo propio del proyecto”, explicó la Cancillería.
Además, “fue categórico” en cuanto al “proceso de información” que el ICE mantiene con las comunidades.
Las afirmaciones contrastan con reclamos de la comunidad Térraba, señalados en la demanda que el 21 de marzo presentó contra el ICE, el Estado y un particular.

Las quejas
Sin convenio.| La Asociación de Desarrollo Integral de la Comunidad Indígena de Térraba señala que, en febrero del 2007, la junta directiva aprobó un acuerdo para que el ICE realizara estudios, previa firma de un convenio. No obstante, el ICE inició labores sin que a la fecha se haya iniciado el convenio.
Obras. En la demanda presentada el 21 de marzo ante el Juzgado Contencioso Administrativo, la comunidad indígena refuta al ICE, al asegurar que no solo están en fase de estudio, sino que ya iniciaron obras.
FUENTE Alberto Paniagua, abogado asociación indígena Térraba.

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